
Fuentes del Legislativo revelaron que este proyecto de ley cuenta con el apoyo del Ejecutivo y de la presidencia del Congreso para dar una solución definitiva al cuestionamiento que se hace a las contrataciones con el Estado. El gremio empresarial -Capeco- apoya el dictamen.
De aprobarse el proyecto de ley, el Registro Nacional de Proveedores establecerá que la capacidad máxima de contratación para las empresas nacionales será del 5% de su capital suscrito y pagado en el Perú; y en las empresas extranjeras será en función del monto depositado en el sistema financiero peruano.
Se busca evitar la competencia desigual, cuya raíz se encuentra en que el capital social de empresas nacionales representa un poder adquisitivo cierto (en el país); en cambio en las empresas extranjeras se reparte entre su país de origen y el Perú, detalla el proyecto.
Los críticos a la reforma aseguran que los TLC (suscritos por el Perú) exigen igualdad en los requisitos. “Si a la empresa nacional se exige un capital pagado en el país (de origen), igual criterio se debe aplicar en la empresa extranjera”, advierten.
Fuente: Diario gestion
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